La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes destaca en su informe anual el papel de Internet en el tráfico y el consumo de drogas
En su informe anual correspondiente a 2023, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes:
- constata que el tráfico de drogas en línea ha aumentado la disponibilidad de drogas en el mercado ilícito;
- advierte de que las farmacias ilegales en Internet ponen en riesgo la seguridad de los pacientes al vender fármacos directamente al consumidor sin exigir prescripción médica;
- pone de relieve la ingente tarea a la que se enfrentan las fuerzas del orden al vigilar y perseguir las actividades relacionadas con las drogas que se realizan en línea;
- ve oportunidades de utilizar Internet y los medios sociales para campañas de prevención del consumo de drogas y para mejorar el acceso a los servicios de tratamiento del consumo de drogas;
- alienta a los Gobiernos a que utilicen toda la gama de herramientas y programas de la JIFE para ayudarlos en sus esfuerzos por combatir la explotación de Internet para el tráfico de drogas; y
- expresa preocupación por la persistencia de disparidades entre las regiones en lo que respecta a la disponibilidad y el consumo de fármacos lícitos para el tratamiento del dolor.
VIENA, 6 de marzo (Servicio de Información de las Naciones Unidas) – En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señala que el cambiante panorama del tráfico de drogas en línea entraña nuevos retos para la fiscalización de drogas. También hay oportunidades de utilizar Internet para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas con el fin de proteger la salud y el bienestar de las personas, afirma la Junta.
El aumento de la disponibilidad de drogas ilícitas en Internet, la explotación de las plataformas en línea, incluidos los medios sociales, por grupos delictivos, y el mayor riesgo de muerte por sobredosis debido a la presencia en línea de fentanilo y otros opioides sintéticos son algunos de los principales retos para la fiscalización de drogas en la era de Internet.
“Observamos que el tráfico de drogas no solo se lleva a cabo en la web oscura. Los delincuentes también se aprovechan de las plataformas legítimas de comercio electrónico. Alentamos a los Gobiernos a que colaboren con el sector privado y los proyectos de la JIFE para prevenir y detectar el tráfico de drogas y otras sustancias peligrosas en línea”, afirmó Jallal Toufiq, Presidente de la JIFE.
El uso de los medios sociales y otras plataformas en línea permite a los traficantes de drogas publicitar sus productos a un gran público global. Varias plataformas de medios sociales convencionales están siendo utilizadas como mercados locales, y niños y adolescentes tienen amplio acceso a contenido inapropiado.
Los métodos de cifrado, la navegación anónima en la red oscura y las criptomonedas se utilizan habitualmente para evitar la detección, lo que plantea dificultades para perseguir los delitos de tráfico en línea. Los delincuentes pueden trasladar sus actividades a territorios donde la actuación de las fuerzas del orden es menos intensa o las sanciones son más leves, o establecerse en países donde puedan eludir la extradición. La mera magnitud de la actividad en línea es una complicación añadida. En un caso ocurrido en Francia, las fuerzas del orden recopilaron más de 120 millones de mensajes de texto de 60.000 teléfonos móviles.
Las farmacias ilegales en Internet ponen en riesgo la seguridad de los pacientes al vender fármacos directamente al consumidor sin exigir prescripción médica. A los consumidores les resulta imposible determinar si esos medicamentos son falsos, no están autorizados o incluso son ilegales. Se calcula que el valor del comercio mundial de productos farmacéuticos ilícitos asciende a 4.400 millones de dólares de los Estados Unidos.
Oportunidades en lo que respecta al tratamiento y la prevención del consumo de drogas
La Junta ve oportunidades de utilizar plataformas en línea para prevenir el consumo de drogas con fines no médicos, concienciar sobre los perjuicios del consumo de drogas y apoyar campañas de salud pública. Los Gobiernos pueden utilizar las plataformas de los medios sociales para emprender campañas de prevención del uso indebido de drogas, en particular entre los jóvenes.
“Existen oportunidades de utilizar los medios sociales e Internet para prevenir el consumo de drogas, concienciar sobre sus perjuicios y mejorar el acceso a los servicios de tratamiento de la drogodependencia”, afirmó Toufiq, Presidente de la JIFE. “Al mismo tiempo, nos preocupa el creciente uso de los medios sociales para vender drogas, incluso a niños, y las formas en que los delincuentes están explotando las plataformas en línea para actividades ilícitas”.
La telemedicina y las farmacias en Internet podrían mejorar el acceso a la atención sanitaria y ayudar a llegar a los pacientes con trastornos por consumo de drogas y a prestar servicios de tratamiento de la drogodependencia a más personas. Las plataformas en línea también podrían utilizarse para compartir información sobre las consecuencias adversas del consumo de drogas y para comunicar advertencias sobre medicamentos adulterados, las cuales podrían salvar vidas.
La cooperación internacional es esencial para atajar esta tendencia ascendente
El carácter mundial de las plataformas en línea hace que la colaboración sea de vital importancia para detectar nuevas amenazas y formular respuestas eficaces.
La JIFE fomenta la cooperación voluntaria entre los Gobiernos y los proveedores de servicios en línea para hacer frente al uso indebido de plataformas legítimas de comercio electrónico para el tráfico de drogas. Sus iniciativas, como el programa GRIDS, han dado lugar a incautaciones de drogas y detenciones, así como al desmantelamiento de redes delictivas.
Los sectores de la fabricación, la comercialización, la circulación y la monetización son especialmente vulnerables a ser utilizados por quienes trafican con sustancias peligrosas. La Junta afirma que es necesaria una mayor cooperación entre los Gobiernos, las organizaciones internacionales, las autoridades reguladoras y el sector privado para hacer frente a esos problemas cambiantes.
Persisten las desigualdades en cuanto al acceso a medicamentos para el tratamiento del dolor
En muchas partes del mundo no hay suficiente morfina asequible para atender las necesidades médicas. Ese persistente desequilibrio entre regiones en cuanto a la utilización de analgésicos opioides para el tratamiento del dolor no se debe a una carencia de materias primas de opiáceos, sino en parte a unas estimaciones inexactas de las necesidades médicas reales de sus poblaciones. Los niveles de consumo de analgésicos siguen siendo más elevados en Europa y América del Norte.
En 2023, los desastres naturales y las emergencias relacionadas con el cambio climático y los conflictos trajeron consigo acuciantes necesidades humanitarias de medicamentos que contienen sustancias sujetas a fiscalización internacional. La JIFE insta a los Gobiernos a que utilicen procedimientos de fiscalización simplificados en esas situaciones para garantizar la disponibilidad sin trabas de esos medicamentos.
Novedades destacadas en cuanto a la oferta de drogas ilícitas
En el Afganistán, el cultivo ilícito de adormidera y la producción de heroína disminuyeron drásticamente. La JIFE afirma que es necesario ofrecer medios de subsistencia alternativos a los agricultores afectados que no dispongan de otras fuentes de ingresos.
La crisis de los opioides sigue teniendo graves consecuencias en América del Norte, donde el número de muertes relacionadas con opioides sintéticos distintos de la metadona sigue aumentando y superó las 70.000 en 2021.
Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca del Amazonas, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres.
En Colombia y el Perú se registraron niveles sin precedentes de cultivo ilícito de arbusto de coca, con un aumento del 13 % y el 18 %, respectivamente. Las incautaciones de cocaína alcanzaron un nivel sin precedentes en 2021 en África Occidental y Central, una importante región de tránsito de la cocaína.
Varios países europeos han seguido estableciendo mercados regulados de cannabis para fines no médicos. Esos programas no parecen estar en consonancia con los tratados de fiscalización de drogas.
Asia Meridional parece estar cada vez más en el punto de mira de los traficantes que introducen en Europa y Oceanía metanfetamina fabricada ilícitamente en el Afganistán.
Los Estados insulares del Pacífico han dejado de ser solamente puntos de tránsito en las rutas de tráfico de drogas y se han convertido en mercados de destino de drogas sintéticas. Esto plantea retos importantes para las comunidades y sus sistemas de salud pública.
Informe sobre precursores
Como parte de los esfuerzos internacionales para impedir que los fabricantes de drogas ilícitas sustituyan determinadas sustancias químicas fiscalizadas por otras estrechamente relacionadas con ellas, la Junta recomienda que se sometan a fiscalización internacional 16 precursores de estimulantes de tipo anfetamínico (dos series de sustancias químicas estrechamente relacionadas).
La JIFE también ha evaluado dos precursores del fentanilo y ha recomendado que se sometan a fiscalización internacional, a raíz de una solicitud presentada por los Estados Unidos. El informe sobre precursores también indica que en 2023 hubo un aumento notable de los precursores de fentanilo no fiscalizados en América del Norte.
En su período de sesiones de marzo, la Comisión de Estupefacientes someterá a votación las propuestas de someter esas 18 sustancias a fiscalización internacional mediante su inclusión en el Cuadro I de la Convención de 1988.
La JIFE observa con preocupación la falta de auditorías e inspecciones en determinadas zonas francas, que son susceptibles de ser utilizadas indebidamente para actividades ilícitas. La Junta pide a los Gobiernos que garanticen una supervisión adecuada de esas zonas para evitar que sean explotadas para el tráfico de precursores.
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La JIFE es el órgano independiente cuasijudicial que se encarga de promover y verificar el cumplimiento por parte de los Gobiernos de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Fue establecida en virtud de lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y sus trece miembros son elegidos a título personal por el Consejo Económico y Social por mandatos de cinco años.
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